Si hace unos días en este blog en AISS (Asociación de Iniciativas Sociales) nos hacíamos eco de la noticia de que un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas prohibían a las personas con enfermedad mental ejercer derechos básicos como el del matrimonio, hoy queremos dar a conocer un informe del mismo organismo internacional en el que se pide a Uruguay que reforme su «ley del psicópata» de salud mental fechada en 1936.
Las conclusiones que se establecen en este informe por la ONU, a las que ha tenido acceso AISS, muestran una elevada preocupación por parte del organismo internacional por la vigencia de esta ley ya que permite la privación de libertad de una persona por la sola sospecha de padecer una discapacidad psicosocial.
La ONU, en dicho informe, afirma que le preocupa «la vigencia en el ordenamiento jurídico uruguayo de normas como la Ley 9.581 de 1936 sobre salud mental, que estipula la privación de la libertad de personas con discapacidad con base en la presencia real o percibida de una discapacidad psicosocial. Preocupa también al Comité que las personas declaradas in-imputables en la comisión de un delito en razón de una deficiencia puedan ser objeto de medidas de seguridad, incluida la detención indefinida … y la inquietud por la situación de las personas con discapacidad privadas de libertad en centros penitenciarios y otros lugares de detención».
Reformar el código penal en lo relativo a la salud mental
Todo ello hace que la ONU solicite de manera formal a Uruguay que haga una reforma sobre la forma en que es tratada en el país la salud mental y sobre su inclusión en el código penal de dicho país sudamericano ya que dicho código penal en relación a las personas con enfermedad mental no se adecua a la convención que sobre la materia rige en la ONU. Es decir, la falta de garantías en los procesos judiciales a las personas con discapacidad y a las personas con enfermedad mental es suficientemente grave como para que la ONU advierta al país de forma oficial.
De la misma forma el informe de la ONU pide a Uruguay que «prohíba la institucionalización forzada por motivo de la discapacidad y adopte medidas para abolir la práctica de internamiento u hospitalización no consentido. Es preocupante que no se destinen suficientes recursos para la prevención y la vigilancia de casos de tortura u otros tratamientos considerados crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros donde se encuentran personas con discapacidad privadas de la libertad».
En el informe de la ONU dirigido a este país sudamericano se hace especial hincapié en el tema de la atención sanitaria en relación a las personas con enfermedad mental, ya que la misma esta lejos de ser la adecuada.
Hay que indicar que el Ministerio de Salud Uruguayo ha reaccionado afirmando a través de un comunicado que se va a realizar «un cambio en el modelo de atención a las personas con trastornos mentales». El gobierno asegura que dicho cambio legislativo podrá estar vigente en todo el país durante la segunda mitad del próximo año 2017.
