Por Ana Villota. Publicado en Acta Sanitaria.
Uno de los apoyos con que cuentan en la Comunidad de Madrid los afectados por enfermedad mental es el ‘cheque servicio’, destinado a apoyar la financiación del servicio privado elegido para la asistencia. Se trata de un medio poco conocido, pero que sirve a la autora para defender, a través de una especie de copago, la colaboración público/privada en la asistencia a la enfermedad mental.
Más de 3.000 personas se añaden cada año a la nómina de discapacidad psíquica sólo en la Comunidad de Madrid. Según las últimas estadísticas oficiales publicadas por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2017, el colectivo reconocido con mayor grado de discapacidad son las personas con enfermedad psíquica (86.112), seguidas de las personas con discapacidad osteoarticular (84.666) y en tercer lugar con discapacidad neuromuscular (38.582).
Lo primero que llama la atención es que las dos primeras discapacidades duplican ampliamente a la tercera y siguientes de los 13 grados que identifica la estadística. Y de todas ellas, es decir, de un colectivo de 349.897 personas, la salud mental acapara ampliamente el mayor número de personas con enfermedad.
Liderazgo de la enfermedad mental
Con el uso y abuso de las nuevas tecnologías, y con el aumento de los problemas sistémicos en torno al ámbito familiar y social, los especialistas en salud mental intuimos que desgraciadamente la discapacidad psíquica va a seguir liderando el ranking en la Comunidad de Madrid y me atrevo a decir que en todas partes. Los datos también lo revelan: en los últimos siete años se han registrado 23.382 nuevas personas con discapacidad psíquica; esto es, se ha pasado de 62.730 casos en 2011 a los 86.112 de 2017; es decir, 3.340 nuevas personas con enfermedad de media anual.
Está claro que, frente a este panorama, la sanidad pública hace un esfuerzo ejemplar en intentar cubrir todas las necesidades asistenciales de estas personas. Pero está claro también que, con el incremento de este colectivo, antes o después se tendrá que contar con el apoyo estrecho de servicios privados que completen la acción pública, puesto que el presupuesto público en asistencia sanitaria no da mucho más de sí.
Colaboración necesaria
Cuanto antes se entienda que la colaboración pública-privada en salud mental es absolutamente necesaria, antes mejoraremos la eficiencia del sistema. No olvidemos que el sistema deja de ser útil a la sociedad si realmente la sociedad no aprovecha sus beneficios. Y son muchas las personas que, por muy diferentes razones, prefieren la atención privada a la pública, y eso hay que respetarlo.
En este sentido, la iniciativa privada es un plus incuestionable porque, además de desinflar las listas de espera pública y de evitar ingresos hospitalarios de alto coste público, comparten pacientes y aportan más visiones a la gestión y al tratamiento de las personas con discapacidad psíquica.
El cheque servicio
El cheque servicio que ofrece la Comunidad de Madrid es un buen ejemplo colaborativo, aunque no se le está sacando todo el provecho que se debería. La persona beneficiaria busca en el sector privado el recurso que más le interesa y la Comunidad de Madrid le ayuda a financiar su coste con una cuantía mensual que depende del grado de su dependencia y de su capacidad económica.
Son los Servicios Sociales del lugar donde la persona está empadronada los que realizan la tramitación. Una vez que la persona ya tiene asignado un grado de dependencia, en un plazo máximo de seis meses recibe la resolución indicando la cuantía económica concedida.
La inmensa mayoría de personas con discapacidad psíquica y sus familias no conocen que existen estos cheques servicio. Y es una lástima, porque las ayudas son importantes según el grado de dependencia y permiten que las familias con menos recursos económicos puedan acceder a plazas privadas, lo que a su vez favorece la libertad de elección y reduce la presión sobre el sistema público. En estos pisos tutelados privados los enfermos con discapacidad psíquica viven totalmente integrados en comunidades de vecinos y cuentan con todos los servicios necesarios de forma accesible y con atención personalizada.
El copago y la colaboración pública-privada que la Ley de Dependencia contempla debería ampliar su perímetro asistencial más allá del cheque servicio.
Por ejemplo, podría dotar con mayores prestaciones económicas otros aspectos que en salud mental son importantes, como por ejemplo: aumentar las ayudas domiciliarias en un momento en que cada vez encontramos a más personas solas, incrementar el copago en los viajes de ocio para que las personas con discapacidad psíquica puedan viajar más lejos, aumentar la colaboración con la empresa privada en los periodos vacacionales o en navidad teniendo en cuenta las muchas familias que vemos con una carga aumentada por los cuidados a estos pacientes en esas fechas.
La sostenibilidad del sistema en el ámbito de la salud mental pasa por incentivar más esta cooperación pública-privada. Es otra asignatura pendiente del nuevo Gobierno de la que no se habla.
